Allanamiento ilegal: piden 11 años de cárcel para policías

El titular de la Fiscalía General N° 2 ante los tribunales orales federales porteños, Abel Córdoba, junto al auxiliar fiscal Gustavo Ferro, solicitaron el jueves pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 la imposición de penas de hasta 11 años de prisión para cuatro policías bonaerenses y dos civiles, a quienes acusaron de realizar el 7 de junio del 2020 un allanamiento ilegal a un taller mecánico y de quedarse con el estupefaciente destinado a la comercialización que tenían en el lugar otros tres sujetos. Para estos últimos, a quienes también acusó, la fiscalía pidió entre 4 y 6 años de prisión. Tras el alegato el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 23 de febrero a las 9.30.

El Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que el comisario inspector Alfredo Segundo Rodríguez, el oficial principal José Rubén Mujica y el subteniente Héctor Daniel Luna, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza, concretaron un allanamiento ilegal en el taller mecánico de la calle Cachimayo 1980, del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde se comercializaban estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en una fecha en la que estaba vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con la acusación, el comisario de la misma fuerza David Javier Ávalos produjo con posterioridad un informe en el que afirmaba que el taller era objeto de investigación en una causa que sus colegas Rodríguez, Mujica y Luna pretendieron usar como coartada en su defensa.

La fiscalía consideró que también se acreditó en el debate la responsabilidad de los hermanos Teófilo Israel Uceda Rosales y Dany Jonathan Uceda Rosales, a quienes acusó de haber asistido a los policías Luna, Mujica y Rodríguez en el procedimiento ilícito. Además acusó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a los civiles Juan Roger Bareiro Sosa, Lidia Evia Romero y Milcíades Anastasio Vera Caballero, quienes se encontraban al momento del allanamiento ilegal en el taller mecánico.

Los representantes del MPF requirieron el decomiso de la totalidad de los bienes secuestrados en la causa: vehículos, efectos dentro de los vehículos, armas, placas y los elementos encontrados en el taller de la calle Cachimayo, como la balanza y el colador, entre otros.

El caso que llegó a juicio oral fue descubierto gracias a un llamado al servicio de emergencias 911, que provocó la asistencia al lugar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los efectivos de la fuerza porteña llegaron al taller se encontraron a sus colegas bonaerenses y a sus supuestos informantes reduciendo a los civiles que tenían más de 2 kilos de cocaína fraccionada, elementos de corte y la logística necesaria para su comercialización.