El Bloque FpV culpa a Macri por el conflicto en Villa Lugano

El Frente para la Victoria (FpV) presentó esta semana un pedido de informes sobre varios puntos relacionados a la Ley Nº 1770 de 2005, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) incumple y que ordena abrir calles y equipar con todos los servicios públicos a la Villa 20, incluido el predio que permanece tomado hace más de diez días y sufre la amenaza de desalojo por parte del gobierno de Mauricio Macri, único responsable del conflicto.

En primer lugar, las legisladoras Paula Penacca y María Rosa Muiños, autoras del proyecto, desean saber «si se ha realizado el censo que el artículo 2° bis establece debía realizar el Instituto de la Vivienda en el término de treinta (30) días promulgada la ley; si se realizó la audiencia pública, establecida por el artículo 3°, con los vecinos y vecinas de la Villa 20 a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar, y cuáles fueron los resultados de la misma; y si se ha realizado el saneamiento del suelo establecido en el artículo 3°».

Además, solicitan tener conocimiento de «cuáles fueron las obras ejecutadas en relación a emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y construcción de viviendas a partir de la promulgación de la ley y qué obras se encuentran actualmente en ejecución, cuáles están planificadas, los plazos establecidos y el presupuesto asignado a las mismas».

«En 2008, tres años más tarde de promulgada la ley, la villa fue declarada en emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura, acto que se reiteró en el 2009, debido principalmente a que los habitantes de este asentamiento se encuentran en constante exposición a sustancias contaminantes producto del depósito de autos», sostienen en los fundamentos del proyecto.

Y agregan «trascurridos 9 años de aquella primera decisión, los vecinos se

encuentran hoy envueltos en una situación de gran vulnerabilidad, ya que no sólo no se ha avanzado en el proceso de urbanización, lo que implica el incumplimiento de una norma, sino que esta realidad se ha visto agravada en las últimas semanas producto de la exposición que implica la ocupación de las tierras previstas para la construcción de viviendas por parte de vecinos cuya situación habitacional es cada vez más crítica».

Por otro lado, las legisladoras kirchneristas denuncian » que la falta de urbanización de la Villa en general y la contaminación del suelo en particular, teniendo ambos como denominador común la inacción del Estado local, representan una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales de los vecinos que allí viven».

«Existe una obligación por parte del Estado -con fundamento en la Constitución Nacional, local y los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional- de asegurar el derecho a una vivienda adecuada. De la misma manera se encuentra contemplado el derecho inherente a la dignidad humana que garantice un estado completo de bienestar», concluyen.