Más vigilancia en el subte para evitar los grafitis

El vandalismo más común en el subte es el grafiti y combatirlo fue uno de los desafíos más grandes que se puso la Ciudad desde hace unos años. Si bien hay cada vez menos pintadas, se destinan alrededor de $1.800.000 para el mantenimiento de los efectos del arte público. Por eso, el Gobierno porteño reforzó la vigilancia bajo tierra: instaló más cámaras de seguridad y sumó agentes de la Metropolitana para controlar la situación.

Los problemas tomaron fuerza en 2013, cuando el 90 por ciento de los vagones del subte estaban vandalizados. Con el deterioro de las formaciones llegaron las quejas de los usuarios y la escena obligó a implementar un plan anti grafiti, que también incluyera mejoras de seguridad en la red.

“Los objetivos de los grafiteros son exhibir su obra en un tren funcionando y mostrar que burlaron un sistema de control. Por eso, cuando grafitan un coche lo sacamos enseguida de circulación para limpiarlo”, le dijo a Clarín Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

Los arreglos le costaron casi $9 millones a la Ciudad. Sbase destinó en 2014 $6 millones para limpiar 97 coches. En junio de ese año, la Policía Metropolitana tomó la vigilancia de la red de subte y elaboró un informe a partir de una recorrida por talleres y accesos. Así fue como se detectaron los puntos más vulnerables, como la estación Primera Junta de la línea A; Juramento, de la D; y el taller Rancagua, de la B. En ese sentido, las líneas más vandalizadas son la C, la D y la E. Las primeras no tienen una cochera única y los trenes se reparten en varios sectores. La otra es vulnerable por sus formaciones antiguas.

Los operativos empezaron a dar resultados y el año pasado debieron adecuarse la mitad de los vagones. Los 48 trenes pintados causaron un gasto de $2.900.000.

Para achicar más la brecha, se ajustaron las medidas de control. “Cerramos mejor los puntos de acceso más débiles. Pusimos más de 500 cámaras, que son seguidas las 24 horas desde un centro de monitoreo, e incrementamos la vigilancia con 500 policías de la Metropolitana. A los grafiteros se les hizo más difícil entrar. Si lo logran, las cámaras los detectan y se envía a la Policía”, detalló Piccardo.

Desde la Metropolitana aseguran que en el 80% de los casos en los que se producen intrusiones en túneles y cocheras se logra la detención de los grafiteros. En esas circunstancias, los atacantes son derivados a la Fiscalía porteña, donde los imputan por daño agravado, un delito que se sanciona con de tres meses a cuatro años de prisión. Sin embargo, el fiscal a cargo de cada hecho suele proponerles cumplir una probation, que incluye, por ejemplo, limpiar los vagones que pintaron.