Ciudad
La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto en la Legislatura porteña para modificar y mejorar integralmente la ley 3330 sancionada en diciembre de 2009. La iniciativa surge ante la constatación de que en los hechos la implementación de esa norma no parece ser efectiva y muchas personas siguen sin poder conseguir ropa de su talle cuando van de compras.
De hecho, según el cronograma establecido por el Poder Ejecutivo, a la fecha el 100% de los modelos de las medianas y grandes marcas de ropa y el 85% de los modelos de las marcas pequeñas deberían ajustarse a la Ley de Talles. Además, según una encuesta que realizó el Centro de Estudio, Investigación y Opinión Pública (CEIO) de la Defensoría, el 90% de las personas consultadas asegura no haber conseguido su talle cuando fue de compras, indicador claro de que ese inconveniente se ha generalizado en la Ciudad.
Con el fin de superar los obstáculos con los que se encontró la ley para su aplicación, la Defensoría propone cambiar la referencia de la “Tabla de Medidas Corporales Normalizadas” para que en lugar de las normas IRAM que se venían aplicando se apliquen las medidas, rangos, progresiones y talles resultantes de un estudio que está realizando el INTI. Como propuesta superadora, se busca que el sistema definitivo que se elabore en base a los estudios del INTI no contenga sistemas de talles distintos según el sexo o género de una persona, ya que la noción de sexo es falsa porque no permite aportar datos ciertos sobre la corporalidad, máxime si tomamos en cuenta el carácter superador de la identidad de género autopercibida, reconocida por el Estado. Asimismo, la normativa pasa a incluir también al calzado, alcanzando un mínimo de hasta 13 talles.
Por otro lado, por la voluminosa cantidad de denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo, la normativa establece mecanismos para que el organismo colabore como autoridad de aplicación.
En este sentido, se llama a que haya mayores campañas de difusión para que la ciudadanía esté al tanto de sus derechos con respecto a talles. De acuerdo con esto, el proyecto incorpora la obligación de los locales de tener un cartel en su vidriera mencionando la vigencia de la Ley de Talles, una tabla de medidas corporales estandarizadas y pictogramas con especificaciones de medidas en las prendas.
En lo que respecta al régimen de sanciones, el proyecto llama a implementar multas para aquellos locales que no cumplan con las disposiciones reguladas en la nueva norma, y una reparación para los afectados/as de hasta un 50% de descuento por la discriminación sufrida ante la inexistencia de talles.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo trabaja en subsanar la discriminación que es provocada por la fabricación y posterior comercialización de prendas de vestir cuyas medidas excluyen a la mayoría de la población.