Críticas a las modificaciones propuestas por el Gobierno a la Ley de Basura Cero

Legisladores y representantes de instituciones y organizaciones sociales y ambientalistas criticaron hoy las modificaciones propuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) a la Ley de Basura Cero para incinerar una parte de los residuos que producen los porteños y advirtieron que, de avanzar esa iniciativa oficial «se podrían perder unos 5.000 puestos de trabajo» y «afectaría aún más el medio ambiente».

Diputados de la oposición, representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría porteña participaron esta mañana de una reunión con trabajadores recolectores y recicladores urbanos en la sede de la Legislatura porteña, donde debatían sobre el proyecto del Ejecutivo de incineración de residuos, actividad prohibida en la actualidad.

María Rosa Muiño, presidente del Bloque Peronista, dijo a la agencia Télam que el tema es «muy complejo» y que el Gobierno presentó un proyecto de reforma a la ley original conocida como de «Basura Cero», «modificando las metas que se habían propuesto en un principio».

«Muchas de esas metas ya fueron incumplidas y creemos que hay una perspectiva de no cumplimiento», agregó la diputada.

Muiño consideró que «ahora el Gobierno de la Ciudad está proponiendo otro destino de esa basura, esas toneladas de basura que no tienen que ser enterradas, y que no está claro aún cuál de todos los sistemas que se están utilizando en el mundo es el que va a ser utilizado en nuestra Ciudad».

Gabriel Fuks, defensor adjunto del Pueblo de CABA, dijo estar «muy preocupado porque la información sobre el futuro de los residuos que circula hasta el momento es muy poca».

«Además, acá hay una gran preocupación de los trabajadores recolectores de residuos, puntualmente sobre su futuro y el futuro de los puestos de trabajo porque la ley de basura cero, que ya tiene 11 años aproximadamente, incorpora a 5000 trabajadores informales de la Economía Popular y este trabajo está en peligro», agregó.

Para Fuks, «hoy nada se está diciendo de esto y para esta Defensoría uno de los principales preocupaciones es el derecho al trabajo de estas 5000 personas, 5000 familias, en un momento muy difícil de la economía de la Ciudad y del país».