Ciudad
La Legislatura porteña aprobó el proyecto para remodelar una parte del Autódromo y permitir que se instalen concesionarias, talleres y otros comercios y servicios. Con el plan se busca reactivar el circuito gracias al dinero que se recaude por la cesión de esa fracción.
La ley, impulsada por el oficialismo, fue sancionada en primera lectura con 41 votos positivos, muchos de ellos del Frente para la Victoria. Ahora resta que la norma sea sometida a audiencia pública y luego aprobada en segunda lectura.
La idea del Gobierno porteño es usar el monto recaudado con la cesión de 41 hectáreas del predio para reparar la pista y las tribunas, a fin de que el complejo recupere todo su esplendor. Es que el circuito tiene muy poca actividad desde que se clausuraron algunas instalaciones por fallas de seguridad en 2014. Con todo, con la recuperación de carreras de TC 2000 y Súper TC 2000 progresó un poco este año.
En la fracción cedida se instalará un polo de desarrollo automovilístico, con comercios y áreas de servicios, en la que a las carreras se les sumarán eventos deportivos y culturales periódicos para integrar el predio a la Ciudad.
La administración del Autódromo quedará en manos de un fideicomiso por un plazo de 25 años, controlado por el Estado pero en el que además tendrán representación asociaciones civiles, y también privados relacionados con la industria automotriz o el automovilismo.
La votación iba a ser la semana pasada pero terminó postergándose para esta, porque el oficialismo todavía no había conseguido los votos necesarios para que la iniciativa fuera aprobada en primera lectura. Varios legisladores habían adelantado que votarían en contra o se abstendrían, como los de Suma+.
Ese bloque, liderado por Martín Lousteau, mantuvo ayer su decisión de abstenerse y cuestionó la propia existencia del circuito. “Consideramos que la zona creció considerablemente desde que se construyó el Autódromo y que hoy no es compatible por razones ambientales y geográficas”, resaltó el diputado Hernán Rossi. La Coalición Cívica, el PSA, la Corriente Nacional de la Militancia y los bloques de izquierda votaron en contra.