Audiencia por la recolección de residuos

El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, que encabezó la audiencia en el Centro Cultural Recoleta, calificó como «muy satisfactorio» el debate ante una gran cantidad de participantes, entre los que hubo funcionarios, legisladores oficialistas y opositores, y distintos actores relacionados al tema de la basura en la Ciudad y elogió el nuevo sistema que de recolección que, entre otros cambios, promueve la separación de origen.
La ciudad se dividirá en siete zonas, dentro de las cuales, una sola de ellas, queda a cargo del Estado con el Ente de Higiene Urbana (EHU). Dentro del pliego se establece que cada empresa deberá presentar en su oferta el recorrido y la logística para hacer la recolección de la basura que estará dentro de los contenedores.

El nuevo pliego fue confeccionado en base a los lineamientos definidos por la ley 4120, que fue sancionada en marzo del 2012, y constituye el marco regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires; en la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero; y en la Ley 992 a través de la inclusión social de los recuperadores urbanos a cargo de la recolección diferenciada de materiales reciclables.

Entre las principales modificaciones se encuentra el aumento de la frecuencia de recolección: actualmente, el servicio se brinda de domingo a viernes, pero el proyecto de la nueva licitación intentará que alguna empresa asegure la recolección los siete días de la semana.

Asimismo, se buscará que los límites de las zonas coincidan geográficamente con los de las comunas y también se garantizará la recolección en villas de emergencia, donde habrá servicios de limpieza especiales con una frecuencia que duplicará a la del resto de la Ciudad.

Además, se creará un observatorio ambiental con participación de las comunas, vecinos, asociaciones, ONG´s, universidades y funcionarios con el fin de controlar el desempeño de las empresas que ganen la licitación.

Por último, se determinó que el plazo de la concesión será de diez años con posibilidad de ser prorrogado por 12 meses y a las empresas se le exigirá la continuidad de los 5.000 trabajadores del rubro y contar con una flota de camiones cero kilómetro con estándares ambientales.

Entre las críticas que surgieron durante la audiencia, el encarecimiento del costo del servicio de recolección fue uno de los puntos más recurrentes. El legislador Alejandro Bodart aseguró que las empresas no cumplieron con una efectiva recolección de basura y criticó que el servicio sea cada vez más caro: “Es muy sencillo comparar los costos: en el barrio de

Lugano, que es el caso testigo, donde la recolección la hace el Estado, cada cuadra nos cuesta 50 mil pesos. En cambio, en el resto de los barrios, donde el servicio lo hace una empresa privada el costo es de 130 mil pesos, casi tres veces más caro”. Frente a eso, el legislador propuso que el servicio esté en manos del Estado y con control de los vecinos de la Ciudad.

Otra de los puntos cuestionados fue la discriminación hacia los vecinos que viven en las villas porteñas. El codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Gustavo Daniel Maurino, precisó las diferencias entre las especificaciones que establece el pliego para los barrios porteños y que están ausentes para las villas de la Ciudad: “En el pliego se habla de la recolección cuadra por cuadra, mientras que en el caso de las villas no se especifica ni se hacen precisiones sólo hay referencias generales. En la cuestión de instalación de cestos en la Ciudad las villas no están incluidas. Y es poco específico el control y regulación del servicio”, afirmó

Además reclamaron que se precise de qué se habla cuando se menciona la recolección por calles transitables, porque en las villas se pueden utilizar camiones más pequeños para poder garantizar la recolección.

Varios vecinos se refirieron a la dispersión de organismos que hoy actúan en materia de recolección de residuos en villas, que impide el control y la eficiencia del servicio, ya que muchas veces se superponen tareas entre la Secretaría de Hábitat, la UGIS, Acumar y el Ente de Higiene Urbana. También se reclamó una política de desratización de basurales y se pidió por la calidad e igualdad en la prestación del servicio.

En cuanto al Observatorio ambiental, los vecinos remarcaron que al financiarse con la facturación de las empresas corre el riesgo de convertirse en mero apéndice de las concesionarias y propusieron una apoyatura más fuerte en las instituciones comunales.