Demandan al gobierno porteño para impedir la venta de terrenos

La diputada nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad presentaron una demanda contra el gobierno porteño para impedir mediante un amparo colectivo la venta de terrenos de Costa Salguero para desarrollos inmobiliarios.

La iniciativa intenta poner un freno a la aplicación de la Ley 6.289, aprobada durante la la última sesión en la Legislatura porteña, celebrada el pasado 5 de diciembre, y que según la presentación «fomenta la especulación inmobiliaria y el lucro desmedido de unos pocos empresarios del sector».

«No es casual que el proyecto fuera sometido a tratamiento durante la última sesión en la que el oficialismo porteño y sus aliados contaban con la mayoría agravada automática para sancionar a discreción proyectos que buscan la privatización de lo público sin ser debatido en comisiones ni por el resto de la ciudadanía”, afirmó Cerruti en un comunicado.

La denuncia presentada por Cerruti y firmada por Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, y Alejandra Iriarte, de la Red de Abogadas Feministas, sostiene que la medida «pone en jaque los derechos de los porteños y quienes quieran pasear por la Ciudad».

Además, se señaló que la ley sancionada es «inconstitucional, violatoria del Plan Urbano Ambiental y regresiva en materia ambiental».

“Pedimos su nulidad e inconstitucionalidad porque la ley incumplió procedimientos legales establecidos por la Constitución, como la participación ciudadana, que es una facultad para poder pensar en forma colectiva el destino de la Ciudad”, expresó Baldiviezo.

Cerruti agregó que «hay que terminar con la hipocresía del macrismo, que se autodefine como un movimiento verde, cuando en realidad lo único que hace es convertir los espacios públicos y verdes en negocios inmobiliarios».

«Es importante que podamos frenar esta ley que el macrismo votó a oscuras y durante la noche para construir torres sobre nuestro Río de la Plata», concluyó.

Iriarte consideró que «es menester no convalidar estos atropellos que convierten a la Legislatura porteña en la escribanía del Poder Ejecutivo local y de sus socios de turno; se trata de prácticas que, sin duda, no hacen más que corroer por dentro la democracia participativa que tanto nos costó construir».

La norma recibió 42 votos positivos y 17 en contra en una sesión en la que también fueron autorizadas las ventas de cerca de 60 inmuebles de titularidad de la Ciudad.

Los predios están bajo concesión otorgada otorgada por la Administración General de Puertos Sociedad durante la década del 80, no obstante la explotación del privado finalizará el 30 de abril.

En ese sentido, se dispuso que, una vez que el espacio quede liberado, la administración de Gobierno llamará a un concurso público “para el desarrollo urbanístico” del lugar que “al menos el 65% de la superficie del conjunto tenga destino de uso y utilidad pública, debiéndose afectar especial y preferentemente dicha superficie a la generación de espacios verdes parquizados”.

En tanto, el 35 por ciento restante será para “residencias” que no podrán superar los cuatro pisos de altura debido a la ubicación cercana al aeroparque Jorge Newbery.

La norma sostiene además que “el producido de la disposición tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables”.