Ciudad
Un grupo de manteros agrupados en la Asociación Vendedores Libres que fueron desalojados de las veredas el mes pasado por un operativo policial ordenado por la fiscalía contravencional porteña en el barrio de Caballito, reclamó poder volver a desarrollar su actividad ya que argumentan que es la única herramienta que tienen para poder subsistir.
«No nos dejan trabajar, la fiscalía ingresa a nuestros domicilios y nos roba la mercadería, no nos dejan llevar la comida a nuestras familias, reclamamos un diálogo con el gobierno porteño y no tenemos respuestas, mientras tanto nuestra situación se sigue agravando», dijo a Télam Omar Guaraz, titular de Vendedores Libres.
La protesta se desarrolló en la esquina de Acoyte y Rivadavia y los manteros cortaron tres carriles de esa avenida mientras agentes femeninos de la Policía Federal formaban un cordón para garantizar la circulación vehicular.
Guaraz aseguró que «existe una ley de la Ciudad, sancionada el 8 de diciembre del 2011, por la cual nos autoriza a trabajar en la vía pública y la fiscal Celsa Ramírez, en violación a esa ley, nos prohíbe desarrollar nuestra actividad y llevar la comida a nuestros hijos».
El titular de la Asociación destacó que «acá hay 250 trabajadores y el gobierno de la Ciudad no nos da respuesta al pedido de audiencia que llevamos para regularizar nuestra situación» e indicó que «los manteros y los comerciantes se retroalimentan, el comerciante de Caballito no se queja de la competencia que le puede ocasionar un mantero».
Los vendedores ambulantes que representa la Asociación fueron desalojados en enero pasado por la Policía Federal, por orden judicial, en el marco de una causa en la que se investiga a organizaciones delictivas que explotan a los manteros para obtener ganancias.
En la causa están involucrados 23 policías acusados de no accionar contra los manteros pese que violan el Código Contravencional que especifica que no se pueden usar un espacio público para desarrollar una actividad de lucro, salvo expresa disposición del gobierno de la Ciudad.
Fuentes de la fiscalía dijeron a Télam que el propio Guaraz «esta imputado en la causa por querer cobrarle a los manteros un espacio» y agregó que la ley hace mención «a la venta ambulante no a los manteros que se instalan en la vía pública».