Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño informó que destinará unos 140 efectivos de los 2.400 que tiene su policía metropolitana para liberar los cortes de calles, y, en el caso de que se resistan, arrestar a los manifestantes. Para eso, se ocupará de entrenar y dotar de logística a los matones que, en breve, acosarán las abundantes movilizaciones que reflejan la condición en que viven, estudian y trabajan las amplias mayorías.

Al principio, sólo se intervendrá en los piquetes de hasta cien personas, porque la fuerza todavía no cuenta con la cantidad de efectivos necesarios para grandes manifestaciones.

El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, afirmó que “el tránsito es una complicación para el ciudadano común y necesita de la intervención del Estado”.

Deja bien claro que él no entiende como “ciudadano común” al que estudia o trabaja en pésimas condiciones, o es desalojado de donde vive, ya que mediante la amplia desocupación, los míseros salarios o la enorme inflación no tiene como pagar un alquiler, o al que, por el motivo que sea, expresa un reclamo.

A poco tiempo de haber creado el centro de recepción de videocámaras en La Plata y de poner cámaras en los barrios más postergados del gran Buenos Aires, el gobierno nacional pretende inaugurar un sistema de videovigilancia de la PFA en la Ciudad de Buenos Aires.

Este sistema contará con 200 “ojos móviles” ubicados en patrullas, que filmarán e indicarán su ubicación satelitalmente, y 1.200 cámaras fijas de transmisión en tiempo real. Dentro de un año estarán instalados en los 700 móviles de la federal.

Este paquete de control se suma a las 1.000 cámaras que ostenta el gobierno porteño a través de su propio Centro de Monitoreo Urbano. Para entonces, la ciudad contará con más de 5.000 cámaras fijas y móviles en distintos puntos de su territorio

No es en vano aclarar que la arquitectura técnica del nuevo sistema de imágenes fue desarrollado con tecnología israelí y con el aval del Estado de Israel, uno de los estados más represores y fieles al imperialismo, gran valor en lo que respecta a la violación de los derechos humanos y la destrucción de culturas y pueblos históricamente sometidos.

La primera etapa del programa costó 45 millones de dólares y el año próximo sumará otros 25.